Fecha: 03/11/2011
- La juez investiga si fue discriminado el jefe de servicios económicos
- La denuncia llega después de 4 años de ‘marginación’ al funcionario
Nuevo revés para el ex alcalde socialista Francisco Fernández, ahora en forma de querella judicial en la que se le acusa de acosar laboralmente a un funcionario del Ayuntamiento de León junto a dos de sus concejales, Ibán García del Blanco (Personal) y Miguel Ángel Fernández Cardo (Economía y Hacienda).
El Juzgado de Instrucción número 3 de León, cuya titular es la juez Blanca Esther Díez, ha admitido a trámite la querella de Carlos Hurtado, funcionario con la plaza de jefe de servicios económicos del Ayuntamiento de León, dando pie a una investigación sobre el ex regidor y los dos concejales de su equipo de Gobierno por un presunto delito de discriminación laboral.
Hurtado les acusa en su acción judicial de relegarle de sus funciones y haber sido 'condenado' a ocupar un despacho que no reunía las 'mínimas condiciones'.
La magistrada ha ordenado dar traslado de los hechos al fiscal y reclama al Consistorio la documentación pertinente acerca de los hechos de la denuncia.
El denunciante fue, a su vez, el promotor del movimiento vecinal contrario al proyecto estrella del ejecutivo de Fernández, el tranvía, logranado incluso la paralización de las obras por los tribunales.
Sin embargo, el abogado de Hurtado desvincula esta protesta de los hechos denunciados ahora y asegura que la discriminación laboral arranca al comienzo de la legislatura pasada, en 2007.
Durante casi cuatro años el denunciante habría estado sufriendo las supuestas prácticas de acoso laboral sin recurrir a la justicia.
El asunto se trasladaba a los tribunales a finales del pasado mes de abril, a un mes escaso de las elecciones municipales, a pesar de que el letrado niega cualquier tipo de interés político en la denuncia.
Un conflicto de competencias entre los juzgados retrasa la tramitación de la querella. Finalmente, el pasado 19 de octubre, con otras elecciones a la vuelta de la esquina, esta vez generales, la juez dicta un auto en el que admite a trámite la denuncia.
Este alto cargo de la administración municipal, con más de veinte años de carrera en el Consistorio leonés y sindicalista se querella ahora contra el ex regidor, el ex concejal de Personal y Régimen Interior, y el ex edil de Economía y Hacienda aportando las resoluciones y decretos de Alcaldía –que tendrán que ser ahora corroborados por la secretaría del Ayuntamiento– emitidos durante los primeros meses de la legislatura anterior con el fin de apartarle de los consejos de administración de las empresas públicas municipales en las que participaba por su condición de jefe de servicios económicos y relegarle de las labores propias de su cargo, como la elaboración de presupuestos u ordenanzas fiscales.
Entre los hechos que expone la acusación se da cuenta del traslado del funcionario a un despacho que «no reunía las mínimas condiciones de utilización» justo en el momento en el que entra a gobernar el equipo de Fernández.
Siempre según las declaraciones del jurista de Hurtado, ya que éste ha rehusado pronunciarse, los hechos derivaron en un 'quebranto personal de salud que llevó al jefe de economía municipal a estar de baja durante mucho tiempo y a recibir tratamiento médico psicológico'.
El delito de discriminación laboral está tipificado en el artículo 173 del Código Penal (modificado tras la ley orgánica 5/2010) que prevé una pena de prisión de entre 6 meses y dos años.
El Juzgado de Instrucción número 3 de León, cuya titular es la juez Blanca Esther Díez, ha admitido a trámite la querella de Carlos Hurtado, funcionario con la plaza de jefe de servicios económicos del Ayuntamiento de León, dando pie a una investigación sobre el ex regidor y los dos concejales de su equipo de Gobierno por un presunto delito de discriminación laboral.
Hurtado les acusa en su acción judicial de relegarle de sus funciones y haber sido 'condenado' a ocupar un despacho que no reunía las 'mínimas condiciones'.
La magistrada ha ordenado dar traslado de los hechos al fiscal y reclama al Consistorio la documentación pertinente acerca de los hechos de la denuncia.
El denunciante fue, a su vez, el promotor del movimiento vecinal contrario al proyecto estrella del ejecutivo de Fernández, el tranvía, logranado incluso la paralización de las obras por los tribunales.
Sin embargo, el abogado de Hurtado desvincula esta protesta de los hechos denunciados ahora y asegura que la discriminación laboral arranca al comienzo de la legislatura pasada, en 2007.
Durante casi cuatro años el denunciante habría estado sufriendo las supuestas prácticas de acoso laboral sin recurrir a la justicia.
El asunto se trasladaba a los tribunales a finales del pasado mes de abril, a un mes escaso de las elecciones municipales, a pesar de que el letrado niega cualquier tipo de interés político en la denuncia.
Un conflicto de competencias entre los juzgados retrasa la tramitación de la querella. Finalmente, el pasado 19 de octubre, con otras elecciones a la vuelta de la esquina, esta vez generales, la juez dicta un auto en el que admite a trámite la denuncia.
Al Procurador del Común
Antes que a la justicia, asegura el abogado, Hurtado recurre a otras vías tangenciales como el Procurador del Común que, tras una queja interpuesta en julio de 2008, concluye que podía tratarse de un supuesto caso de acoso laboral.Este alto cargo de la administración municipal, con más de veinte años de carrera en el Consistorio leonés y sindicalista se querella ahora contra el ex regidor, el ex concejal de Personal y Régimen Interior, y el ex edil de Economía y Hacienda aportando las resoluciones y decretos de Alcaldía –que tendrán que ser ahora corroborados por la secretaría del Ayuntamiento– emitidos durante los primeros meses de la legislatura anterior con el fin de apartarle de los consejos de administración de las empresas públicas municipales en las que participaba por su condición de jefe de servicios económicos y relegarle de las labores propias de su cargo, como la elaboración de presupuestos u ordenanzas fiscales.
Al margen de sus labores
Estos trabajos, según relata el letrado, pasaron a ser desempeñados por funcionarios adscritos al servicio que dirigía Hurtado sin que mediara su supervisión.Entre los hechos que expone la acusación se da cuenta del traslado del funcionario a un despacho que «no reunía las mínimas condiciones de utilización» justo en el momento en el que entra a gobernar el equipo de Fernández.
Siempre según las declaraciones del jurista de Hurtado, ya que éste ha rehusado pronunciarse, los hechos derivaron en un 'quebranto personal de salud que llevó al jefe de economía municipal a estar de baja durante mucho tiempo y a recibir tratamiento médico psicológico'.
El delito de discriminación laboral está tipificado en el artículo 173 del Código Penal (modificado tras la ley orgánica 5/2010) que prevé una pena de prisión de entre 6 meses y dos años.
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