Fecha: 15/11/2011
Dice que fue despedido por oponerse a aprobar «contrataciones irregulares»
El ex director de Economía y Sociedad de Casa Mediterráneo ha presentado ante los Juzgados de lo Social una demanda por despido improcedente en la que acusa a la directora general de la entidad, Yolanda Parrado, de haberle sometido a acoso laboral.
El denunciante se incorporó al organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores en octubre de 2010 como director de Economía y Sociedad, si bien poco después Parrado decidió modificar sus funciones y le hizo responsable de coordinar la programación de actos del consorcio. Finalmente, tras varios meses de fricciones internas, fue despedido el pasado 6 de junio mediante un burofax.
En su demanda, el ex directivo señala que Parrado le «ocultaba información» sistemáticamente y le sometía a un trato «humillante» ante sus subordinados, por haberse opuesto a autorizar «gastos y contrataciones injustificadas o irregulares». Como informó el domingo ABC, Parrado ha adjudicado a una empresa fundada y dirigida por su primo, el despacho de arquitectura AMPS, contratos que suman más de 20.000 euros. Esta cifra incluye el diseño de la memoria de actividades de Casa Mediterráneo del ejercicio 2010 —por más de 14.000 euros— y el montaje de una exposición sobre la rehabilitación de la antigua estación de tren de Benalúa.
El Ministerio «no fiscaliza»
El juicio por acoso laboral y despido improcedente debía celebrarse hoy martes, en el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante. Sin embargo, Parrado ha logrado un aplazamiento hasta después de las elecciones, alegando que no podrá asistir al juicio porque debe acudir a un reunión preparatoria de un evento diplomático que se celebra a partir de mañana miércoles en Casablanca. El juez ha optado por aplazar el juicio hasta el próximo 20 de diciembre.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores consultadas ayer por ABC eludieron pronunciarse sobre los contratos públicos adjudicados por Parrado a la empresa de su primo. Las mismas fuentes recalcaron que el Ministerio «no fiscaliza los gastos y los contratos» de Casa Mediterráneo, porque es un organismo autónomo, si bien añadieron que cualquier miembro del consorcio puede pedir que se aclaren los hechos.
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