Fuente: expansion.com
Fecha: 25/09/2012
Un total de 21 trabajadores del sector de la construcción y sus afines han perdido la vida en accidente laboral durante este verano, según ha denunciado este martes la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC.OO. (Fecoma-CC.OO.).
Del total de siniestros mortales, 18 se produjeron en el sector de la construcción propiamente dicho, mientras que los accidentes restantes se registraron en el sector de la madera, áridos y en tejas y ladrillos.
Según ha criticado el sindicato, pese a la fuerte caída del empleo en el sector, con una pérdida cercana a los dos millones de puestos de trabajo, la siniestralidad laboral no está decreciendo "en proporción", sino que muestra "picos preocupantes" en un momento en que la inversión en obra pública es "insignificante" y no se construye vivienda nueva.
Las caídas en altura y quedarse atrapados han sido las dos principales causas de los accidentes mortales de la construcción de este verano, al ser responsables del 85% de los siniestros.
Un tercio de los fallecidos tenían entre 50 y 60 años de edad, mientras que el grueso de las muertes se concentraba en la franja de 20 a 40 años, con algo más del 40% de los accidentes mortales.
Por su parte, el 14% de los fallecidos tenía entre 40 y 50 años, y uno de los siniestros le costó la vida a un trabajador de 65 años, un hecho que CC.OO. califica de "intolerable" después de llevar años reclamando la jubilación anticipada a los 60 años para los trabajadores de obras.
Por comunidades, Extremadura ha sido la comunidad donde más trabajadores de la construcción han perdido la vida este verano, con cinco fallecidos, seguida de Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha, con tres siniestros mortales cada una.
A los 21 fallecimientos que registró el sector durante este verano hay que sumar otros 25 accidentes de carácter grave. Para CC.OO., los 'números' del periodo estival no tienen sentido: "¿Cómo se pueden tener tantos muertos si no hay trabajo en el sector", se pregunta el secretario de Salud Laboral de Fecoma, Santiago Cubero.
"La respuesta es clara: ineficacia en la vigilancia y desinversión y desinterés en la prevención de riesgos laborales, campo abonado para que algunos empresarios sin escrúpulos campen a sus anchas sin ningún control", denuncia.
Cuenea El Mundo que desde hace 75 días, dos meses y medio nada menos, se sienta cada día en su mesa y allí pasa las horas delante del ordenador, sin ninguna tarea asignada, sin jefes y casi sin compañeros. Está en un palacete fantasma del que ya se han mudado casi todos sus antiguos compañeros. La mayor parte de los empleados públicos que trabajaba en este edificio, junto a la funcionaria «abandonada », ha sido trasladado a otra sede de la Junta en la calle Tabladilla de Sevilla. La mudanza es el resultado de la fusión de las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, decidida tras las últimas
elecciones autonómicas. Ambos se integran ahora en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que dirige el consejero Luis Planas.
La fusión y mudanza se han hecho sin contar con la funcionaria G.B.M., que es, precisamente, la presidenta de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, un colectivo de empleados públicos
La fusión y mudanza se han hecho sin contar con la funcionaria G.B.M., que es, precisamente, la presidenta de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, un colectivo de empleados públicos
de la Junta que figura como codemandante en más de 25 procesos judiciales en curso contra la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del enchufismo.
La funcionaria ha pedido explicaciones a sus superiores en repetidas ocasiones y ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia de Sevilla por un presunto delito contra los derechos y libertades de los trabajadores.
En la denuncia, señala el «grave abandono administrativo que padezco»desde el pasado 5 de julio. Y sigue: "«El trato que recibo supone una grave discriminación como servidor público, dado que se me está impidiendo el desarrollo efectivo de mis funciones y competencias públicas que me corresponden». Por ello, ha pedido al juez que llame a testigos y que practique una pericial médica sobre los efectos que la situación producen en su salud.
Daado que el edificio está en el mercado, ha tenido que soportar la visita de personas de organismos de la Junta que quieren ser sus próximos inquilinos por lo que debaten sus diseños y la organización, incluso de las mesas donde va a sentarse el personal nuevo de la Secretaría General de Ordenación del Territorio.
Según la afectada, "la única explicación posible» es que está al frente de una beligerante asociación de empleados públicos, advierte. La Junta no ha dicho aún nada.