Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

sábado, 31 de diciembre de 2011

La CNT cifra en 20 las personas fallecidas por accidentes laborales en Canarias durante el 2011 y en cerca de 200 los heridos graves

Fuente: sanborondon.info
Fecha: 31/12/2011

Los sindicalistas reivindican “la actual dinámica gubernamental de recortes” en los presupuestos destinados a la formación, vigilancia e inspección en prevención de riesgos laborales

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) ha denunciado que la cifra de muertes por accidente laboral en Canarias se mantiene en 20 personas y el de heridos graves en cerca de 200 durante el 2011, a falta de la estadística final, a pesar del aumento del paro registrado en el año.

El sindicato apunta que en el conjunto español, más de 500 trabajadores perdieron la vida en el presente año. Motivo por el que hoy varios miembros de la CNT se han concentrado en la sede de la Dirección General de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife.

“Otro año acaba, y de nuevo, contra nuestros propios deseos, hemos de salir a la calle para recordar a quiénes han sufrido la terrible lacra de los accidentes laborales, tanto con resultado de muerte como heridos”, señalan en un comunicado.

Los sindicalistas reivindican “la actual dinámica gubernamental de recortes” en los presupuestos destinados a la formación, vigilancia e inspección en prevención de riesgos laborales, así como “la postura empresarial de reducir los gastos en el equipamiento, control y mejora en seguridad”. Medidas que según prevén, supondrán un repunte en el número de accidentes y en la gravedad de los mismos.

Asimismo, hacen un llamamiento a la responsabilidad de los poderes públicos y del empresariado “a sabiendas de que caerá en saco roto”, así como a los trabajadores, para “que no se acobarden en lo que es la defensa de su propia vida”.

CC OO advierte que han detectado un «fraude» sobre los accidentes laborales leves declarados

Fuente: laverdad.es
Fecha: 31/12/2011

El secretario provincial de CC OO, Francisco de la Rosa, hizo ayer un «mal balance» del año que termina en diversos aspectos como en la siniestralidad laboral.
Lamentó que en este año haya habido más fallecidos en accidente de trabajo que en 2010, con nueve fallecidos respecto a los siete del ejercicio pasado y solo anotó como dato positivo que se hayan reducido en uno los accidentes graves, pasando de 38 en 2010 a 37 en 2011.
Pero advirtió que han detectado un «fraude» en lo que tiene que ver con la declaración de accidentes laborales leves. En este sentido, De la Rosa se refirió a que han descendido los accidentes leves, pasando de 3.600 a 3.100 respecto a 2010, pero subrayó que «hemos podido constatar que ha habido muchos accidentes leves que no han sido declarados». Atribuyó este «fraude» a la «picaresca empresarial» y a que «existe una intención clara de ocultar la siniestralidad laboral leve que consideramos que ha aumentado de forma considerable por la precariedad laboral».
Poco optimistas
Por otro lado, el secretario provincial de CC OO lamentó que las medidas que se han tomado desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside María Dolores Cospedal, «no invitan al optimismo para 2012».
Tampoco lo hacen, para CC OO, las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «con el anuncio de una reforma laboral que será impuesta por el Gobierno, en caso de que no haya acuerdo en seis días».
Advirtió que 2012 será «un año complicado» y no descartó que tengan que convocar incluso una huelga general «una vez que conozcamos el resultado de la negociación colectiva y de la reforma laboral».
Criticó del Ayuntamiento de Albacete y de la Junta de Comunidades «la ausencia total de diálogo» con los agentes sociales. Y lamentó que el Gobierno de Cospedal haya anunciado la supresión del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (Sepecam).
De la Rosa consideró que, con estas medidas, «el modelo al que nos quieren llevar es privatizado y en el que solo sean paganos de la crisis los trabajadores, que no son culpable de ella». Lamentó que los gobiernos populares «han decidido cambiar el modelo de sociedad».

jueves, 29 de diciembre de 2011

Los ‘funcionarios’ del PSM llevan a Tomás Gómez a los tribunales

Fuente: elboletin.com
Fecha: 29/12/2011

El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, vuelve a navegar en aguas revueltas. Tras el motín iniciado hace dos semanas por 13 ex diputados autonómicos del partido que reclamaban una indemnización de más de 700.000 euros, el secretario general del PSM deberá enfrentarse ahora a la demanda interpuesta por nueve ex trabajadores de la federación, en la que acusan a la dirección de acoso laboral, que fueron despedidos el pasado mes de julio.

Las crisis internas del PSM vuelven, como el turrón, por Navidad. Los problemas por los que atraviesa el partido en Madrid han vuelto a quedar en evidencia con el último movimiento realizado por el sector más crítico con Tomás Gómez. Nueve trabajadores que fueron despedidos por la federación hace seis meses han demandado al partido porque creen que su destitución tuvo que ver con el hecho de que apoyaron la candidatura de Trinidad Jiménez en las primarias que celebraron los socialistas madrileños hace un año.

Según ha explicado Jesús Molinera, el abogado que representa a cinco de estos nueve trabajadores, que han reclamado una compensación económica de 60.000 euros por daños y perjuicios a la dirección del PSM, los ex empleados sufrieron el acoso laboral con la retirada de sus responsabilidades y el aislamiento tras apoyar a la ex ministra de Sanidad en las primarias que se celebraron en el otoño de 2010.

En su momento el PSM aseguró que el despido se debía a “causas objetivas de carácter organizativo”, es decir, que era consecuencia de los pésimos resultados electorales obtenidos en los comicios autonómicos y locales que tuvieron lugar en mayo. Aunque parece que a Tomás Gómez no le ha valido de nada esa explicación, ya que no ha conseguido frenar la demanda de estos ex trabajadores del partido.

Un problema que se suma a los muchos que ya han surgido en el seno del partido y que no hacen más que evidenciar las dificultades que enfrenta Tomás Gómez para hacerse con las riendas del PSM. Precisamente, hace sólo dos semanas el secretario general de los socialistas madrileños fue incapaz de acallar las voces críticas trece ex diputados autonómicos, cercanos a Rafael Simancas, que reclamaron una indemnización de más de 700.000 euros por la falta de homologación de sus salarios con los de sus compañeros en el Congreso.

Condenados dos responsables de una constructora por un accidente laboral en Irún

Fuente: elpais.com
Fecha: 29/12/2011


Dos responsables de una empresa de construcción han sido condenados a abonar sendas multas como responsables del accidente de un obrero que cayó de un andamio cuando trabajaba en las obras de rehabilitación de un caserío de Irun.

La sentencia indica que los hechos se produjeron el 16 de junio de 2005, cuando el operario subió al andamio que había sido instalado junto al edificio para aplicar mortero sin adoptar las correspondientes "medidas individuales de seguridad", como colocarse un arnés, según in forma Efe.
La resolución judicial explica además que el andamio "carecía de protecciones colectivas como rodapiés, pasamanos, listón intermedio y husillos niveladores", que estaban previstas en el plan de seguridad de la empresa.
En el desempeño de su trabajo, el empleado accidentado se dio cuenta de que no alcanzaba a una zona situada bajo el alero del caserío, por lo que decidió modificar la altura de las pasarelas del andamio, "reduciendo su base de 60 a 30 centímetros", lo que le llevó a perder el equilibrio y caer al suelo.
A raíz de este incidente, el operario sufrió diferentes lesiones de las que fue compensado el 28 de febrero de 2011 por la compañía aseguradora. Durante el juicio por estos hechos, los acusados -el administrador de la empresa, que fue quien montó el andamio, y el coordinador de obra, que dio el visto bueno a la instalación- se mostraron conformes con la pena que solicitó la fiscalía, por lo que ahora han sido condenados a pagar sendas multas de 300 euros como responsables de una falta de lesiones causadas por una imprudencia de carácter leve.

martes, 27 de diciembre de 2011

Condenan a seis años de cárcel a tres hombres por responsabilidad criminal en un accidente laboral en Oviedo (Asturias)

Fuente: eleconomista.es
Fecha: 27/12/2011



El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo ha condenado a un total de seis años a tres hombres como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores por un accidente laboral ocurrido en 2007 durante el derribo de un edificio en la calle Fuertes Acevedo número 89 de la capital asturiana, en el que resultó herido un trabajador.
De este modo, se condena a A.J.F.P., a C.I.M.R. y a R.J.C.A. a una pena para cada uno de ellos de dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de sus respectivas profesiones, oficios o cargos como gerente, arquitecto y coordinador de seguridad, y promotor.
No obstante, queda absuelto el cuarto acusado, L.A.L.A., así como las entidades aseguradoras como responsables civiles directas y las empresas como responsables civiles subsidiarias. La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación.

Condenan a Empleo por acoso laboral a un trabajador y a pagarle 2.100 euros

Fuente: malagahoy.es
Fecha: 27/12/2011

El demandante dice que aunque la cantidad es pequeña se siente "moralmente recompensado" · Afrontó siete años de pleitos y más de media docena de juicios en los que la Justicia le dio varias veces la razón

 

Han sido siete años de pleitos y más de media docena de juicios, pero al final Eduardo Pérez Prieto se siente "moralmente recompensado". Distintas instancias judiciales le han dado la razón y al final la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha sido condenada por acoso laboral hacia su persona y a indemnizarle con 2.100 euros. "Aunque me hubieran indemnizado con un euro, me sentiría satisfecho porque se ha reconocido que no fui correctamente tratado en el trabajo. Mi abogado ha demostrado que hubo un trato discriminatorio y se ha indemnizado ese trato", sostiene. Pérez Prieto ya ha cobrado la indemnización.

El origen del pleito se remonta a 2004. "No se me daban competencias, mis decisiones eran revocadas y llegó un momento en el que prácticamente no tenía trabajo", señala. Pérez Prieto comenzó a trabajar el 1 de julio de 1998 como subdirector de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella, que depende de la Consejería de Empleo. Era trabajador laboral del grupo III.

En 2004, la situación se volvió insostenible para él y cayó en depresión. Del 20 de abril al 30 de mayo de ese año estuvo de baja. La situación fue considerada una incapacidad temporal (IT) por enfermedad común.

Fue entonces cuando inició su laberíntico recorrido judicial. Primero para que se reconociera que su patología no era una enfermedad común sino un accidente de trabajo derivado del menosprecio que sufría en su labor diaria. El Juzgado de lo Social número 10 de Málaga admitió en 2005 que su IT se debió a un accidente de trabajo. Fue el primer juicio que ganó.

En la sentencia se reconocían como hechos probados que al trabajador "desde que ocupa su cargo no se le ha asignado ninguna función concreta; sus compañeros de trabajo, de igual o inferior categoría, le desobedecen sin que la dirección del centro adopte ninguna medida; no se consideran sus opiniones y cuando se celebran reuniones para tratar temas que serían de su competencia no le convocan". El fallo incluso da por probado que "presenta trastorno distímico como consecuencia de su situación laboral que le produce malestar clínicamente significativo que afecta a su vida laboral y personal. Este trastorno tiene su origen en una situación de tensión crónica mantenida o estrés identificable con su puesto de trabajo".

Empleo recurrió y el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que volvió a darle la razón al ratificar la sentencia del juzgado malagueño.

El fallo ya era firme. Así que entonces inició un segundo frente judicial para que se le reconociera una indemnización. El Juzgado de lo Social número 1 de Málaga -sin entrar en el fondo del asunto- entendió que no procedía resarcimiento económico porque su derecho había prescrito. Pérez Prieto recurrió. El TSJA le dio la razón y sentenció que no había prescripción. Entonces recurrió la Consejería de Empleo y el caso llegó al Tribunal Supremo. Esta instancia judicial volvió a pronunciarse a favor del trabajador, sentenció que no había prescripción y ordenó al Juzgado de lo Social número 1 que entrara en el fondo del asunto.

Y entró. En base a los hechos probados en un fallo anterior y a los informes médicos aportados por el demandante, el Juzgado de lo Social número 1 sentenció: "Estamos ante un auténtico supuesto de acoso laboral. Las conductas descritas por el Juzgado número 10 en sus hechos probados no podemos considerar que puedan derivar de una relación laboral conflictiva sino que revisten las características propias del acoso, pues afectan a su dignidad personal y profesional; proceden de sus compañeros de trabajo, superiores e inferiores; tienen una continuidad en el tiempo y lesionan su integridad física y moral al haberle producido una grave patología psiquiátrica durante un largo periodo de tiempo". El fallo detallaba que como consecuencia del acoso laboral, el demandante padecía un trastorno mixto ansioso-depresivo "que le ha producido un malestar clínicamente significativo que ha afectado su vida personal y laboral". No obstante, el juzgado rebajó la indemnización de 35.300 euros que Pérez Prieto por daños morales, gastos de asesoramiento jurídico y atención psicológica y fijó la compensación económica en 25.300 euros.

Entonces fue la Administración autonómica la que recurrió y el caso volvió a llegar al TSJA que estimó parcialmente el recurso de la Consejería de Empleo y rebajó la indemnización a 2.100 euros. Esta es la cantidad que finalmente ha cobrado el trabajador, que ha sido defendido por el abogado Diego Jiménez Aranda, que tiene su despacho en Granada.