Fuente: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=276545
Fecha: 01/10/2012
La autoridad judicial ha rechazado la alegación del Servicio Canario de Salud sobre la imposibilidad de ejecutar una sentencia que declaraba probado el acoso laboral a un médico del Hospital Doctor Negrín. La Justicia da 10 días a la Consejería de Sanidad para que ejecute el fallo en sus justos términos.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria notificó en pasados días el auto que declara nula la orden de la Consejería de Sanidad de 21 de abril de 2012 que declaró de «imposible ejecución» la sentencia firme de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Canarias que en diciembre de 2011 condenó al Servicio Canario de Salud por acoso laboral a un médico, el intensivista del Doctor Negrín Jordi Solé Violán, y le obligó a indemnizarle con 45.000 euros.
El auto derivado del incidente promovido por Sanidad para intentar que la sentencia se declarara «imposible de ejecutar» advierte que no existe tal impedimento –por el contrario; afirma que el expediente abierto por Sanidad de oficio tras la sentencia «no tiene más finalidad que eludir su cumplimiento»– y requiere a la Administración para que «en el plazo de diez días proceda a ejecutar la misma o bien informe de las razones que imposibilitan su cumplimiento, debiendo designar en el mismo plazo al funcionario responsable de su ejecución».
La juez apercibe a la Consejería de que, «en caso de silencio, entenderá como tal [funcionaria responsable de ejecutar el fallo] a la señora consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias».
La Administración había explicado al juzgado que no podía ejecutar la sentencia porque en la fase de ejecución voluntaria había procedido a «dictar un nuevo acto que concluye el expediente de revisión de oficio del acto administrativo favorable al recurrente, reconocido por sentencia firme». La juez recuerda que no hay acto administrativo alguno que revisar, y sí una sentencia que cumplir.
Cuenea El Mundo que desde hace 75 días, dos meses y medio nada menos, se sienta cada día en su mesa y allí pasa las horas delante del ordenador, sin ninguna tarea asignada, sin jefes y casi sin compañeros. Está en un palacete fantasma del que ya se han mudado casi todos sus antiguos compañeros. La mayor parte de los empleados públicos que trabajaba en este edificio, junto a la funcionaria «abandonada », ha sido trasladado a otra sede de la Junta en la calle Tabladilla de Sevilla. La mudanza es el resultado de la fusión de las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, decidida tras las últimas
elecciones autonómicas. Ambos se integran ahora en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que dirige el consejero Luis Planas.
La fusión y mudanza se han hecho sin contar con la funcionaria G.B.M., que es, precisamente, la presidenta de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, un colectivo de empleados públicos
La fusión y mudanza se han hecho sin contar con la funcionaria G.B.M., que es, precisamente, la presidenta de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, un colectivo de empleados públicos
de la Junta que figura como codemandante en más de 25 procesos judiciales en curso contra la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del enchufismo.
La funcionaria ha pedido explicaciones a sus superiores en repetidas ocasiones y ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia de Sevilla por un presunto delito contra los derechos y libertades de los trabajadores.
En la denuncia, señala el «grave abandono administrativo que padezco»desde el pasado 5 de julio. Y sigue: "«El trato que recibo supone una grave discriminación como servidor público, dado que se me está impidiendo el desarrollo efectivo de mis funciones y competencias públicas que me corresponden». Por ello, ha pedido al juez que llame a testigos y que practique una pericial médica sobre los efectos que la situación producen en su salud.
Daado que el edificio está en el mercado, ha tenido que soportar la visita de personas de organismos de la Junta que quieren ser sus próximos inquilinos por lo que debaten sus diseños y la organización, incluso de las mesas donde va a sentarse el personal nuevo de la Secretaría General de Ordenación del Territorio.
Según la afectada, "la única explicación posible» es que está al frente de una beligerante asociación de empleados públicos, advierte. La Junta no ha dicho aún nada.