Denuncian al comisario por «acoso laboral a una policía embarazada» que tuvo que pedir la baja

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) llegará hasta los tribunales si es necesario para que al comisario de Zamora, Antonio Ramírez, se le exijan responsabilidades por «el acoso laboral, la persecución, a la que sometió a una policía nacional embarazada», lo que supone la primera denuncia a nivel nacional contra un comisario por posible caso de mobbing. El sindicato exige además su «destitución por incompetente y por su actuación arbitraria y caciquil» en la organización de la Comisaría.

La empleada se vio «obligada a solicitar la baja por estrés laboral, por recomendación de su ginecóloga que le advirtió de que peligraba su hijo», explicó la vocal nacional del Foro de la Mujer del SUP, Eva Durán, quien se desplazó hasta Zamora para «apoyar a una compañera amenazada». La denuncia hecha pública por el SUP, que instó a Ramírez a «no hacer de la Comisaría su cortijo», ya ha sido elevada al jefe superior de Policía de Castilla y León el pasado 26 de agosto. Lo lógico es que intervenga la Dirección General de Policía y «si no lo hace iremos a los tribunales ordinarios».

El asunto se expondrá «como denuncia interna» ante el Consejo Nacional de Policía, aclaró el secretario nacional de Comunicación, José María Benito. «No es de recibo que se lleve a cabo una persecución a una funcionaria por quedarse embarazada. El comisario se ha extralimitado y no ha cumplido la Ley, parece que no va con él».

Además, existen otros problemas de organización de plantilla y servicios que vienen minando la relación entre los funcionarios y, por ende, el SUP, «que representamos al 90% de los policías de Zamora», y el comisario, como el que haua hecho «caso omiso» a la reiterada solicitud del «necesario refuerzo de la Brigada de Seguridad Ciudadana», destacó el secretario provincial del sindicato, Tomás Garzón. «No es lógico que a menudo se encuentre un único coche patrullando con distintivo policial», con este precario servicio «es difícil garantizar la seguridad de los compañeros y la respuesta eficaz a los requerimientos de los ciudadanos», dice. Circunstancias que «desmoralizan a los policías».

Las críticas recaen también sobre el anterior responsable de esta Brigada, al que «pierden las formas al corregir a policías» y al que acusan de haber variado servicios sin comunicarlo a los afectados. Es un «claro ejemplo de caciquismo designando en ciertos cargos a los amigos, de lo que es culpable el comisario como supervisor». Pero «el primer conflicto planteado contra un comisario desde 1977, porque ninguno había hecho méritos», se viene alimentando desde «hace meses, ante la negativa» del jefe de la Policía Nacional a recibir al SUP para tratar «de buscar una solución». Ramírez «vulnera los derechos de los funcionarios», viene «actuando arbitrariamente a la hora de asignar y cambiar funcionarios de puesto y servicio, sin seguir los cauces legales ni facilitarlos por escrito». Un procedimiento que ha creado «grandes problemas de tipo familiar, personal y profesional a muchos policías», explicó Garzón.