Fecha: 18/10/2011
- «En lo que va de año los fallecidos en accidente de trabajo superan ya la veintena. Nos están azotando», alerta
- «Nos está llegando mucho menos de lo que nos tendría que llegar», critica Gerardo Herrero
«Nos está llegando mucho menos de lo que nos tendría que llegar». Rotundo se mostró ayer el fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, durante la presentación en la Junta de la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2010, un documento que muestra su «especial preocupación por la siniestralidad laboral».
No hay más que echar un vistazo a los datos para comprobar que algo no funciona: «En 2010, se produjeron 16 accidentes mortales, y en lo que va de 2011 el número de fallecidos supera ya la veintena». Cifras demoledoras frente a las que Herrero lanzó a la los grupos parlamentarios con representación en la Cámara una reclamación contundente: «Necesitamos que se refuercen los servicios de inspección laboral y su relación con la Fiscalía, ya que ambos deben trabajar estrechamente unidos. Esa es la única forma de rebajar los accidentes laborales, que nos están azotando».
Pero las dificultades no concluyen ahí. También la empresa juega un papel determinante y otro «problema» en materia laboral es la calificación de la gravedad de las lesiones, «ya que la Inspección de Trabajo abre expediente en los casos de muerte, lesiones muy graves, graves y leves cuando existe indicio de infracción, pero la calificación de la gravedad viene determinada por el parte de accidente emitido por la empresa, observándose que lesiones que se consideran leves y que, por lo tanto, no darían lugar a la intervención de la Inspección, realmente no lo son, o derivan en complicaciones posteriores». Y en ese sentido se pronunció también el portavoz de IU, Jesús Iglesias, que recordó que el Principado «tiene competencias en el ámbito de la seguridad laboral» y que «en la investigación entra la inspección, pero también el Instituto de Riesgos Laborales».
Siniestros en carretera
Y los empresarios también tienen algo que decir en muchos siniestros en carretera, ya que «existen numerosas ocasiones en las que el responsable del delito es una persona que trabaja por cuenta ajena y las circunstancias que provocaron el siniestro fueron coadyuvadas por actuaciones del empleador». Actuaciones como «presión en los horarios de trabajo o el escaso mantenimiento del vehículo». Y, contra eso, abogó por «estudiar la cooperación necesaria que la actuación del empleador supone en el siniestro o por ampliar la normativa, de forma que los responsables de estas situaciones no puedan eludir dar cuenta de su responsabilidad».
Pero no fue esa la única denuncia del fiscal jefe, que también dirigió sus críticas a los ayuntamientos a la hora de detenerse en la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo, que el año pasado acaparó el 58% de las diligencias de investigación instruidas.
Política y corrupción
Al respecto, Herrero sostuvo que «son prácticamente inexistentes los supuestos en que los Ayuntamientos remiten a la Fiscalía denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de delito». Y eso, «a pesar de las importantes competencias que tienen en materias como el urbanismo».
Asimismo, tanto a las administraciones locales como a la regional, el fiscal superior les recriminó «la seria dificultad que implica la persecución de determinados procedimientos en los que, ya no las personas imputadas, sino terceras personas con intereses directos o indirectos en las causas, insisten en el error de contemplar la lucha contra la presunta corrupción en términos de contienda política o electoral, en lugar de ayudar, unidos sin fisura a combatirla». Y, para concluir, otro asunto recurrente: la falta de medios, en la que destaca «el grave problema en la Fiscalía de Área de Gijón en materia de personal auxiliar, al disponer de una plantilla de únicamente nueve funcionarios para atender un servicio integrado por 14 fiscales y 29 órganos jurisdiccionales».
«Una situación heredada», zanjó la portavoz de Foro, Lilian Fernández.
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