Fecha: 21/10/2012
Un vecino pasea junto a la sede de la mancomunidad, en Zalla. :: MAITE BARTOLOMÉ
Una jueza de Bilbao ha dictado la primera condena en
España por acoso a un funcionario público basándose en la legislación
laboral. Se trata de una vía más rápida y efectiva que la contenciosa,
que era la única a la que tenían derecho hasta ahora los trabajadores de
las administraciones -incluidos médicos, docentes, etc-, salvo que
fueran personal contratado. La novedosa resolución, adoptada por la
titular del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao, da la razón a una
funcionaria de la Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones que
presentó una demanda contra ese organismo porque su puesto había sido
despojado de contenido y solo le encargaban tareas «residuales», como
registrar documentos y atender llamadas de teléfono, circunstancia que
le originó cuadros de ansiedad y otras dolencias, y la obligó a
permanecer de baja. La sentencia ordena a la mancomunidad, con sede en
Zalla, que ponga fin a la situación de la demandante, que pedirá una
indemnización por daños físicos y psíquicos, también en la jurisdicción
laboral, según informaron sus abogados, Rosa Paraíso y Juan Ignacio
Marcos, coordinador del Observatorio Vasco de Acoso.
El fallo, que es firme, ha sido posible gracias a una
reforma procesal aprobada en diciembre de 2011 que permite a los
funcionarios denunciar presuntos casos de 'mobbing' apoyándose en la
normativa sobre riesgos laborales, una disposición que abre la puerta de
la jurisdicción de lo Social. Hasta ahora los funcionarios públicos, a
diferencia de los trabajadores de las empresas privadas, solo podían
llevar el acoso por lo contencioso, lo que los abocaba a una tramitación
lenta y les obligaba a enfrentarse no al supuesto acosador, sino a la
Administración. Además, en ese terreno de juego el que pierde el pleito
paga las costas, lo que disuadía a potenciales denunciantes.
Con los cambios procesales, el escenario ha cambiado. La
funcionaria M.P.L., que se sentía víctima de 'mobbing' en la
Mancomunidad de las Encartaciones, decidió acudir a un juzgado de lo
Social y ha sido la primera que ha ganado el pleito. En su demanda alegó
que se había vulnerado en su caso la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y que se desoyeron las recomendaciones del Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laboral (Osalan). En realidad, no era la primera vez
que el problema de la mancomunidad acababa en los tribunales. M.P.L.
había ganado otro juicio penal en 2011 por las injurias que le dirigió
su superior jerárquica, una secretaria que fue condenada a veinte días
de multa por el juzgado de paz de Zalla, resolución confirmada por el
Juzgado de Instrucción número 1 de Balmaseda.
Roces personales
Los conflictos descritos por M.P.L. en su lugar de
trabajo se remontan a 2004, cuando ella dejó de ser la única empleada de
la mancomunidad, la que se ocupaba de todo, y entró más personal. No
solo tuvo diferencias con la primera secretaria oficial, sino que los
roces se repitieron con la que reemplazó a la anterior a partir de 2010,
la que luego sería condenada por injurias. La sentencia del juzgado de
lo Social detalla que esta nueva secretaria se comunicaba con M.P.L. «a
través de post-it» y que, cuando le entregaba papeles para que los
archivara o los colocara en el tablón de anuncios, lo hacía en silencio.
«No le contesta cuando se dirige a ella -señala la resolución-, ni la
informa ni la avisa cuando se ausenta, de forma tal que la actora no
puede dar información adecuada a las personas que llaman a la
mancomunidad interesándose o preguntando por la secretaria».
Entre 2004 y 2011, M.P.L. cogió tres bajas laborales
largas por ansiedad, la última a raíz del incidente de las injurias, y
otras dos más por un cólico nefrítico y una cervicalgia,
respectivamente, dolencias relacionadas con el mal ambiente en el
trabajo. Según la sentencia del Juzgado de lo Social, ha quedado
demostrado de forma «contundente» que M.P.L. sufrió «un vaciamiento
prácticamente absoluto del contenido y las funciones» de su puesto.
Varios testigos declararon que pasó de ser «la persona de referencia de
la mancomunidad» para cualquier ciudadano que pidiera información «a no
estar al corriente de nada». Las tareas que le dejaron -controlar
documentos y el correo, y atender el teléfono- llevaban una hora, y el
resto de la jornada lo pasaba sin tener «una ocupación efectiva».
Algunos cometidos que teóricamente le podían corresponder a ella los
realizaba personal eventual.
Tales circunstancias fueron de dominio público durante
años. En 2007, la mancomunidad pidió un informe que atribuyó lo que
ocurría a «causas de tipo relacional, estructural, de información,
etc.»; es decir, a que a la manera en que se organizaba el trabajo y se
echaba en falta alguien que mandara. El documento sugirió alternativas
para «rebajar la tensión entre las partes», pero la crispación
continuaba en 2009.
La mancomunidad encargó entonces un dictamen jurídico
para determinar si en el caso de M.P.L. existía «la obligación o no de
tramitar un expediente de investigación en materia de acoso laboral»,
pero la iniciativa no se concretó en nada. El año pasado, Osalan
constató ese extremo, y propuso que se evaluaran los riesgos
piscosociales de la funcionaria y se analizara su estado de salud,
recomendaciones que la sentencia del juzgado de lo Social considera que
tampoco se han cumplido, por lo que falla a favor de la demandante.
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