Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

jueves, 18 de abril de 2013

El fiscal denuncia a un jefe de CCOO y un alto cargo andaluz por malversación

Fuente: http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_497528/historico/6379-el-fiscal-denuncia-a-un-jefe-de-ccoo-y-un-alto-cargo-andaluz-por-malversacion#.UXAUacrWNlM
Fecha: 26/10/2012

La Fiscalía de Sevilla ha denunciado en el juzgado a una directora general de la Junta y al secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía por malversación, prevaricación y falsedad en unas ayudas de 600.000 euros que fueron destinados a fines distintos a los concedidos.

Según la denuncia de la Fiscalía, CCOO justificó dentro de una partida para "sensibilización de riesgos laborales" los viajes de sus militantes a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una sindicalista en una veintena de fines de semana desde Sevilla a Málaga.

La Fiscalía denuncia a Miguel Ángel Soto Cubero, secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía, y a Esther Azorit Jiménez, directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta.

Recoge la denuncia que el 22 de mayo de 2009, el consejero de Empleo de la Junta concedió una ayuda de 600.000 euros a CCOO destinada a un "plan de actividades divulgativas y de sensibilización sobre riesgos laborales", que en caso de no ser justificados según prevé la ley debería haber llevado "al reintegro de la subvención percibida y la exigencia del interés de demora".

Entre otros, la Fiscalía dice al juez que los gastos de desplazamientos para dicho plan de prevención fueron justificados con facturas de traslado en autobuses desde distintas localidades de Andalucía a Sevilla "con motivo de la manifestación del 22 de abril de 2009", la actuación de la charanga "Los Piratas", otros 998,76 euros por confección de una pancarta y 194 almuerzos el día de la manifestación por un importe total de 2.594 euros.

La Fiscalía precisa en su denuncia que "no consta el desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral el día 22 de abril de 2009 en el Palacio de Congresos de Sevilla", pese a lo facturado por el sindicato.

La denuncia consta en total de diez folios en los que la Fiscalía Anticorrupción detalla los gastos presuntamente irregulares y recoge que lo que CCOO justificó como "coordinación de actividades" de la sindicalista Agustina Gutiérrez Navarro fueron en realidad una veintena de viajes entre Sevilla a Málaga los viernes y de regreso los lunes.

Dice el fiscal que "una mínima comprobación de la documentación aportada" debería haber llevado a la Junta a exigir el reintegro de estos fondos públicos y la no aceptación de los viajes y dietas percibidas por Agustina Gutiérrez.

Por todo ello, la Fiscalía califica indiciariamente los hechos como delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos y pide que el juez a quien corresponda el caso tome declaración a los dos denunciados en calidad de imputados.

Además pide que se haga una pericial contable sobre el "menoscabo de fondos públicos" que supusieron estas subvenciones, que se reclame a la Junta toda la documentación acreditativa y que se pida a las empresas de transporte que llevaron a los militantes a la manifestación que precisen el origen, horarios e itinerario. 

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