Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

martes, 16 de abril de 2013

El juzgado cierra la causa contra el exalcalde de Cambre por acoso

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2012/10/07/juzgado-cierra-causa-contra-exalcalde-cambre-acoso/0003_201210H7C9992.htm
Fecha: 07/10/2012


El exalcalde Antonio Varela, en su despacho del Concello de Cambre antes de dejar la política. C. Quian
El Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña acaba de decretar el sobreseimiento de las diligencias previas iniciadas a raíz de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía por una funcionaria del Concello de Cambre contra el exalcalde, Antonio Varela, así como varios exconcejales y funcionarios municipales por varios supuestos delitos, entre ellos, el de acoso laboral y malversación de fondos.
En el auto, la magistrada concluye que, tras analizar y valorar las numerosas declaraciones prestadas, «no existen indicios bastantes de una situación de acoso laboral que tenga la entidad para que esta pueda requerir de la protección penal» y tampoco se encontraron pruebas que demostrasen la supuesta malversación de fondos o, en todo caso, ya estaría prescrita.
La funcionaria argumentaba en su denuncia por acoso laboral que cuando se reincorporó en el año 2003 al Concello de Cambre tuvo que asumir el puesto de técnico de gestión de ingresos, quedando el apartado de gastos para una funcionaria interina. Tras recurrir esta funcionaria tanto el catálogo de puestos de trabajo como el puesto concreto que se le atribuyó, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña desestimó dicho recurso. En este sentido, la magistrada entiende que la asignación a este puesto en el 2003 queda legitimada y que el cambio de ubicación de las dependencias municipales no fue discrecional, sino que se produjo «por una falta de espacio físico».
Tampoco la magistrada encontró pruebas de que el exalcalde de Cambre Antonio Varela Saavedra se dirigiera a la funcionaria «de forma humillante o vejatoria». Ni tampoco a dos funcionarios que ocuparon el puesto de interventor, el jefe de personal, la secretaria del Ayuntamiento o la funcionaria interina que la sustituyó en su anterior puesto.
Situación «de tensión»
«Sí existía una clara situación de tensión por parte de determinados miembros del Ayuntamiento con ella», pero tal situación, según añade, «no puede ser encuadrada en el supuesto de acoso laboral. Es más, parte de los períodos de baja de la denunciante derivados del mal ambiente se produjeron cuanto esta dependía también de otros departamentos o concejales con los que tenía buena relación», aclara la magistrada

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