Fecha: 16/10/2012
 
          
Visto para sentencia quedó ayer en la sala de 
vistas del juzgado de lo penal 2 de Ourense el juicio por un accidente 
laboral que tuvo lugar en el taller de un concesionario de automóviles 
de San Cibrao el 4 de noviembre del 2008. Jesús T. Á. de 48 años y 
mecánico de profesión, murió aplastado tras caer sobre él un turismo que
 previamente había sido izado en un elevador.
El representante legal de la empresa Garza 
Automoción, José Antonio G. L. y el jefe del taller, Roberto N. S., se 
sentaron ayer en el banquillo de acusados para responder por los delitos
 de imprudencia con resultado de muerte y contra los derechos de los 
trabajadores que les imputan el Ministerio Fiscal y la propia familia de
 la víctima, personada en el caso como acusación particular. Las penas 
que reclaman oscilan entre uno y cinco años de cárcel.
Pese a estas imputaciones que los 
responsabilizarían a los dos de lo ocurrido, ambos acusados aseguraron 
en la vista que en el taller en el que tuvo lugar el accidente se 
cumplían todas las medidas de prevención de riesgos laborales, 
rechazando que lo ocurrido se hubiese producido infracción alguna de las
 normas.
Fallos en el elevador 
Lejos de aceptar esta versión, las acusaciones 
mantuvieron los cargos porque creen que existieron fallos que provocaron
 la tragedia. Así, se habría producido un problema en el dispositivo 
mecánico del enclavamiento automático del brazo del elevador. Además, se
 habría utilizado «un «inadecuado método de trabajo, usando un sistema 
de sujeción del vehículo no previsto en el manual de instalación», según
 las acusaciones, que consideran por último que no había un 
procedimiento de trabajo seguro.
Tras declarar todos los testigos y peritos 
citados, precisamente la ausencia de uno de ellos provocó hace un mes 
que se tuviese que aplazar la vista, las partes elevaron a definitivas 
sus conclusiones. El fiscal reclamó una pena de un año de cárcel más el 
pago de una multa. La acusación particular, que aprecia los delitos de 
homicidio imprudente y contra los derechos laborales, reclama cinco.
 
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