Fecha: 02/02/2012
Se presentan como acusación popular exigiendo penas de entre 52 y 228 años para los imputados
Los sindicatos CCOO y UGT se manifestaron ayer en la puerta del Palacio de Justicia motrileño un cuarto de hora antes de que comenzara el juicio penal por el accidente laboral en las obras del puente de La Herradura en Almuñécar. Allí guardaron cinco minutos de silencio en su memoria.
Si bien no estaban de acuerdo en las penas que pedían para los culpables ni tampoco en quiénes tenían que ser los imputados en el procedimiento, ambas fuerzas sindicales sí coincidían en que el juicio que se inició ayer tendría que servir para "hacer justicia" y para evitar situaciones similares en el futuro.
El secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, señaló que para ellos el proceso, después de "conseguir saber qué es lo que ha ocurrido de forma fehaciente", tenía que tener el objetivo de "evitar que este tipo de hechos se vuelva a producir". El sindicalista aseguró que "no se trata de pedir que se haga un escarnio, sino que debe servir para salvar vidas y que no se vuelvan a producir hechos como el accidente que les costó la vida a los trabajadores".
Por último, también habló de "dirimir responsabilidades en relación a por qué no se hizo un mantenimiento preventivo adecuado y por qué ni tan siquiera se tenía como una evaluación de riesgos la posibilidad de que la tornillería o la propia soldadura de forma periódica se fuera revisando".
Según Ruiz-Ruano, "no se trata de pedir un montón de años de cárcel para nadie, sino de que se haga justicia". Asimismo, adelantó que UGT iba a retirar la petición de cierre de las dos empresas (tanto de la propietaria como de la usuaria de la cimbra) por el momento de crisis actual, ya que no quieren que con ello "se queden sin su puesto de trabajo otros cientos de trabajadores".
Así, UGT solicita un total de 52 años y medio de cárcel, 45 de inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones y multa de 1,3 millones de euros para diez de los doce imputados por la supuesta comisión de seis homicidios imprudentes, tres delitos de lesiones imprudentes y otros nueve contra la seguridad e higiene en el trabajo.
También difieren de CC OO en que deben ser diez las personas imputadas, ya que "aquí no se trata de decir que todo el mundo vaya a la cárcel, sino de saber quiénes realmente han tenido responsabilidad en el mantenimiento, en el diseño, en la valoración, en la verificación de que las instalaciones contasen con las medidas de seguridad apropiadas, y hemos llegado a la conclusión de que hay dos personas que si bien tenían responsabilidades de tipo productivo (el jefe de demarcación y el ingeniero responsable de producción), no tenían responsabilidad directa sobre la seguridad de los trabajadores".
Por su parte, CCOO -también acción popular- solicita un total de 228 años de cárcel para los doce imputados por la posible comisión de seis delitos de homicidio imprudente, tres lesiones imprudentes y otros nueve contra la seguridad y la salud laboral. Además, pide para cada uno de ellos 21 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, así como 86.400 euros de multa.
El secretario general de Fecoma CCOO de Granada, Francisco Quirós, explicó que "después de seis años CCOO no olvidamos los seis delitos de sangre que ocurrieron ese fatídico 7 de noviembre y que consecuentemente han sido encauzados por la vía Penal". Por eso, el sindicato espera que los imputados no salgan indemnes por lo que ha solicitado en calidad de acusación particular un total de 288 años de cárcel para los doce responsables encausados en el proceso.
El accidente, según recuerda CCOO, tuvo lugar el día 7 de noviembre de 2005 y transcurridos seis años ahora se inicia la vista oral en la que se espera diriman las responsabilidades del mismo.
Si bien no estaban de acuerdo en las penas que pedían para los culpables ni tampoco en quiénes tenían que ser los imputados en el procedimiento, ambas fuerzas sindicales sí coincidían en que el juicio que se inició ayer tendría que servir para "hacer justicia" y para evitar situaciones similares en el futuro.
El secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, señaló que para ellos el proceso, después de "conseguir saber qué es lo que ha ocurrido de forma fehaciente", tenía que tener el objetivo de "evitar que este tipo de hechos se vuelva a producir". El sindicalista aseguró que "no se trata de pedir que se haga un escarnio, sino que debe servir para salvar vidas y que no se vuelvan a producir hechos como el accidente que les costó la vida a los trabajadores".
Por último, también habló de "dirimir responsabilidades en relación a por qué no se hizo un mantenimiento preventivo adecuado y por qué ni tan siquiera se tenía como una evaluación de riesgos la posibilidad de que la tornillería o la propia soldadura de forma periódica se fuera revisando".
Según Ruiz-Ruano, "no se trata de pedir un montón de años de cárcel para nadie, sino de que se haga justicia". Asimismo, adelantó que UGT iba a retirar la petición de cierre de las dos empresas (tanto de la propietaria como de la usuaria de la cimbra) por el momento de crisis actual, ya que no quieren que con ello "se queden sin su puesto de trabajo otros cientos de trabajadores".
Así, UGT solicita un total de 52 años y medio de cárcel, 45 de inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones y multa de 1,3 millones de euros para diez de los doce imputados por la supuesta comisión de seis homicidios imprudentes, tres delitos de lesiones imprudentes y otros nueve contra la seguridad e higiene en el trabajo.
También difieren de CC OO en que deben ser diez las personas imputadas, ya que "aquí no se trata de decir que todo el mundo vaya a la cárcel, sino de saber quiénes realmente han tenido responsabilidad en el mantenimiento, en el diseño, en la valoración, en la verificación de que las instalaciones contasen con las medidas de seguridad apropiadas, y hemos llegado a la conclusión de que hay dos personas que si bien tenían responsabilidades de tipo productivo (el jefe de demarcación y el ingeniero responsable de producción), no tenían responsabilidad directa sobre la seguridad de los trabajadores".
Por su parte, CCOO -también acción popular- solicita un total de 228 años de cárcel para los doce imputados por la posible comisión de seis delitos de homicidio imprudente, tres lesiones imprudentes y otros nueve contra la seguridad y la salud laboral. Además, pide para cada uno de ellos 21 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, así como 86.400 euros de multa.
El secretario general de Fecoma CCOO de Granada, Francisco Quirós, explicó que "después de seis años CCOO no olvidamos los seis delitos de sangre que ocurrieron ese fatídico 7 de noviembre y que consecuentemente han sido encauzados por la vía Penal". Por eso, el sindicato espera que los imputados no salgan indemnes por lo que ha solicitado en calidad de acusación particular un total de 288 años de cárcel para los doce responsables encausados en el proceso.
El accidente, según recuerda CCOO, tuvo lugar el día 7 de noviembre de 2005 y transcurridos seis años ahora se inicia la vista oral en la que se espera diriman las responsabilidades del mismo.
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