Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

lunes, 27 de febrero de 2012

La crisis reduce las horas perdidas por bajas de enfermedad y su coste económico

Fuente: diariovasco.com
Fecha: 26/02/2012

Los trabajadores vascos están a la cabeza de España en la incidencia de la incapacidad temporal
En tiempo de crisis, la enfermedad es un lujo. Ese debe ser el pensamiento de los asalariados, que han reducido de forma sustancial en los últimos años el tiempo que no han acudido a su puesto por una incapacidad laboral. Desde comienzos de 2008, cuando la recesión llamaba a la puerta, la media de horas perdidas por cada trabajador y mes por esa causa o por haber sufrido un accidente ha bajado de 5,52 a 4,81 -es decir, casi un 13%-, medida en trimestres homogéneos (primero de 2008 y de 2011). La encuesta de costes laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE) desvela esta tendencia, avalada por los registros de la Seguridad Social, que recogen la caída de la duración de las bajas y también del absentismo, si bien en el último ejercicio ha crecido el número de empleados que no han acudido a su empresa por problemas de salud.
El descenso de las horas perdidas por enfermedad es atribuido por los expertos a un comportamiento más responsable de los trabajadores ante una crisis tan aguda como la actual, que les lleva a sobrellevar ciertas dolencias sin dejar de acudir a su puesto. Se manejan dos causas para explicar esta actitud. Por un lado, el compromiso con la compañía en la que están ocupados en una situación económica grave. Por otra, el temor a perder el empleo por estar de baja, que es una de las causas de rescisión de contrato con una indemnización de solo 20 días por año.
28 días de baja media
Sorprende en esta consulta del INE que sea el sector de la construcción el que menos horas pierde por incapacidad temporal: 3,87 por mes y asalariado en el tercer trimestre del pasado año, frente a las 4,07 de los servicios y las 4,11 de la industria. Lo habitual es que estas cifras sean un poco más elevadas en otros periodos, ya que se ven influenciadas por las vacaciones; en especial, las de agosto.
La incapacidad temporal tiene en Euskadi una de las mayores incidencias de España, pese al descenso registrado durante la crisis y a la menor duración de los procesos. Los datos de la Seguridad Social correspondientes a 2011 indican que la baja media fue de 28 días, frente a 30 del conjunto de España. En 2007 fueron 39 y 38 días respectivamente.
Sin embargo, y a causa de la evolución en los últimos meses por causas atribuidas al nuevo sistema de comunicación de las situaciones de incapacidad transitoria, en los últimos cuatro ejercicios ha crecido la cifra de asalariados que no fueron a trabajar por esta causa: 48 casos por cada mil empleados el pasado año (36 en el conjunto del país), frente a los 29 (30 en el ámbito estatal) de 2007, el mismo número registrado que en 2010, cuando fueron 33 de media estatal. En otras palabras, ahora se cogen más bajas, pero más cortas.
Otro índice, el de 'prevalencia' -la relación entre los trabajadores de baja al acabar el año y el conjunto de la población protegida, multiplicado por mil-, revela un cierto estancamiento en Euskadi en el periodo analizado, con resultado de 36 en 2007 y 37 en 2011, frente al descenso en España (32 y 28 respectivamente).
La situación en los casos de accidente laboral o enfermedad profesional es un poco diferente, aunque el balance final es también de un fuerte retroceso desde que comenzó la crisis. En este caso, el País Vasco también ofrece niveles superiores al conjunto estatal, pese a la bajada en los diferentes parámetros de medición, salvo uno: el de tiempo medio de cada baja, que ha pasado de 28 días a 37 desde 2007. Por el contrario, el promedio de bajas mensuales por mil trabajadores ha caído de 8,4 a 3,9, lo que concuerda con la notable reducción del índice de incidencia de la siniestralidad laboral.
Los empleados autónomos tienen un comportamiento totalmente diferente en incapacidad temporal y su comportamiento no ha variado apenas en estos años. En primer lugar, sus procesos son mucho más largos -casi los triplican, con 77 días el pasado año-, mientras que la incidencia media es mucho menor: entre tres y cuatro veces, con 11,7 bajas al mes por cada mil trabajadores. La combinación de ambos factores conlleva que la prevalencia se acerque a la de los asalariados, con un índice de 27, diez puntos menos que el otro colectivo.
Reforma laboral
La disminución del tiempo de trabajo perdido por baja laboral es un importante factor de competitividad, al que se unirán a partir de ahora los efectos de la reforma laboral -denostada por los sindicatos y saludada por los empresarios-, que facilita el despido de los empleados cuya ausencia rebase en dos meses consecutivos el 20% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos (es decir, en torno a cuatro-cinco días al mes).
La indemnización por despido en estos casos sigue siendo de 20 días por año de antigüedad y máximo de una anualidad, pero la reforma ha suprimido la condición existente hasta ahora de que el absentismo en la empresa superara el 2,5% en los mismos periodos de tiempo para aplicar esa medida.
La baja por enfermedad o accidente de un trabajador tiene unos costes para las compañías que se verán reducidos en la medida en que se recorte el absentismo. Entre ellos destaca el pago de las cuotas a la Seguridad Social, que se mantiene mientras el trabajador está enfermo; el abono del salario del día 4 al 15, ambos inclusive -los tres días primeros no se cobran y a partir del día 16 es la Seguridad Social la que corre con el gasto-, y las mejoras de complemento de salario que puedan figurar en el convenio colectivo.
Además, otros costes indirectos tienen que ver con la caída de la producción, la reorganización del trabajo o los trámites administrativos que genera la baja.
La cobertura de las bajas por enfermedad está suponiendo en los últimos años un alivio para las arcas de la Seguridad Social, cuyo gasto crece de manera imparable en el capítulo de las pensiones. Así, 2011 fue el tercer ejercicio consecutivo en que se redujo el gasto en el pago de los subsidios por incapacidad temporal. El conjunto del sistema -incluidas las mutuas de accidentes- pagó en 2008 su cifra máxima por esta causa, con 7.534 millones de euros, un montante que equivale aproximadamente a una mensualidad de la nómina de las pensiones. Esa cantidad bajó a 6.839 millones en 2010, y para 2011 se espera otro descenso cuando se conozcan las cuentas definitivas. En concreto, hasta el mes de noviembre el gasto en este concepto era de 4.853 millones, un 8% por debajo de los 5.273 millones abonados en los once primeros meses de 2010.

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