Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

jueves, 26 de enero de 2012

UGT Granada espera que el juicio por el accidente laboral de la A-7 marque un antes y un después en la Prevención de Riesgos Laborales

Fuente: costadigital.es
Fecha: 26/01/2012

El Sindicato ha informado en rueda de prensa que la vista oral por el accidente laboral más grave de la historia en la provincia de Granada, proceso judicial en el que UGT es acusación particular, comenzará el próximo miércoles, 1 de febrero, a las 10:30 h, en el Juzgado de lo Penal de Motril. Serán 9 sesiones, en lunes y miércoles, hasta el 29 de febrero.
Así lo ha anunciado Manuela Martínez, sª general de UGT Granada, que considera que seis años después de la tragedia, podría parecer que poco queda por decir sobre este tema. Sin embargo, espera que este proceso judicial sea “la piedra de toque” que haga que por fin la Prevención de Riesgos Laborales sea una prioridad en las empresas granadinas, y que se “deje de pasar la mano” en esta materia con la excusa de la crisis.  Porque, como ha apuntado, la gente va a trabajar para ganarse la vida, no para perderla.

Por su parte, Francisco Ruiz.-Ruano, secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Granada,  ha recordado que UGT, como acusación particular, solicita un total de 52 años y medio de cárcel, 45 de inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones, y multa de 1,3 millones de euros para diez de los doce imputados por la juez en este suceso, por hechos que pudieran constituir seis homicidios imprudentes, tres delitos de lesiones imprudentes y otros nueve contra la seguridad e higiene en el trabajo.  Como novedad, el representante de UGT ha informado que el Sindicato va a retirar la petición de clausura de las empresas usuaria y adjudicataria de la obra,  en un ejercicio de sensibilidad social y laboral acorde a la situación de crisis que sufrimos.

Ruiz-Ruano sostiene, tal y como UGT manifestó en su momento que el desplome de la cimbra en el viaducto fue originado porque esta no se sometió a los procesos de revisión y mantenimiento necesarios, concluyendo que el accidente se podía haber evitado. Además, señala que ni el estudio de Seguridad y Salud elaborado por Fomento ni el Plan de Seguridad y Salud de la UTE La Herradura -adjudicataria de la obra y formada por Azvi, Obras Subterráneas y Ploder- contemplaban la revisión de la autocimbra. Tampoco hay constancia de que el personal de la UTE La Herradura, revisara habitualmente la estructura ni de que esa labor estuviese encomendada al personal acreditado, contradiciendo las propias directrices del coordinador de seguridad de las obras.

El sindicalista ha apuntado que UGT no busca un escarnio público con este proceso judicial, pero sí que no pase sin pena ni gloria, como ya ha ocurrido con otros juicios penales por accidente laboral en nuestra provincia. Espera que de todo el proceso se derive la solución a muchas actuaciones empresariales negligentes que el Sindicato está  detectando en la provincia de Granada, y marque un camino técnico y jurídico que solucione de una vez por todas los incumplimientos en Prevención de Riesgos Laborales, y que este aspecto deje de ser “la cenicienta” en las empresas. Ruiz-Ruano ha concluido señalando que el primer objetivo de la UGT es que no se vuelva a repetir un suceso como éste en nuestra provincia. 

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