Fecha: 16/01/2012
La mano derecha de Ángela Mena deberá declarar el día 26 junto a los directores generales Cristo Díaz y García de León.
No solo le quitaron sus funciones poco a poco para dejarla mano sobre mano, sino que hasta le revisaban su bolso a la entrada y salida del trabajo, discriminadamente y fuera de toda norma legal. La situación de la funcionaria que ha denunciado sufrir mobbing en el Centro Municipal de la Mujer de Santa Cruz de Tenerife desde 2007, año en que Ángela Mena se hizo responsable del área, no ha variado, salvo que ya hay imputados en la causa, entre ellos, la que fue secretaria personal de Mena, Electra Bermúdez de la Cruz.
Electra Bermúdez, que fue secretaria del Consejo de la Mujer cuando la denunciante accedió a su plaza por oposición en 2006 y en años posteriores, y en la actualidad es secretaria de la Concejalía de Hacienda y Recursos Humanos, está llamada a declarar acompañada de abogado el 26 de enero en el juzgado de instrucción 4.
Tras ella, declararán también como imputados por un presunto delito de acoso laboral, en posible concurso con tráfico de influencias y prevaricación, la directora general de Participación Ciudadana y Mujer, María del Cristo Díaz Méndez, y el jefe del Servicio de Recursos Humanos, Miguel Ángel García de León. Se espera que haya nuevas imputaciones en los próximos días.
El caso de la funcionaria acosada fue destapado por CANARIAS AHORA tras tener acceso a una sentencia que ganó la víctima por lo contencioso, cuando en 2009 se le pretendió relevar de la plaza que había ganado en concurso para mandarla a una comisión que ni existía ni ella había pedido. El traslado lo firmó el entonces el concejal de Recursos Humanos Ángel Llanos, que fue por ello imputado por posible prevaricación.
Esa sentencia a favor de la denunciante (por la que el Ayuntamiento fue condenado a costas por temeridad), en la que el juez entraba en el fondo del asunto, y que ha dado lugar a la denuncia penal, expresaba que “pocas veces se ve tan clara la expresión de un móvil de trato discriminatorio”, tras analizar paso a paso cómo se habían vaciado poco a poco las funciones de la funcionaria a favor de una interina, Ana Belén Crespo, para quien se creó una plaza a propósito, tan solo un mes después de que la afectada accediera a la suya. Crespo se había encargado de las funciones de la funcionaria hasta que salió la plaza a concurso.
Innova, de fondo
Electra Bermúdez afirmó en el Pleno del Consejo de la Mujer del 18 de octubre de 2006, en su calidad de secretaria del mismo, que consideraba un “gravísimo trastorno para la Concejalía y el Consejo” que la profesional accediera a su plaza, lo que el juez de lo contencioso calificó como móvil discriminatorio. Esa afirmación le ha valido a Maribel Oñate tener que declarar en calidad de testigo, por rubricar el acta.
Fue a partir de 2007 cuando la funcionaria de carrera, que en puridad debería ser la directora del Centro de la Mujer del Ayuntamiento chicharrero, comenzó a sufrir un acoso laboral que, de acuerdo con los testimonios recogidos en el sumario, podría estar ligado a la negativa de la afectada a firmar un informe a favor de Innova, una empresa que podría haberse visto beneficiada por Ángela Mena, mediante sucesivas contrataciones parceladas para eludir los concursos públicos, causa que se instruye en otro juzgado.
El posible acoso laboral saltó una vez que la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tuvo en sus manos la sentencia de lo contencioso a favor de la trabajadora. Pese a intentar hacer valer su contenido, la situación de vacío de funciones de la denunciante se mantiene.
Presión psicológica
Tanto es así que el supuesto acoso ha llegado al extremo de que la intimidad de la funcionaria podría haber sido vulnerado al ser sometida a registros “arbitrarios” de sus pertenencias personales por una vigilante de seguridad sin competencias para ello.
El sumario del caso incluye un informe-propuesta de los delegados de prevención laboral (que también han declarado como testigos), en el que se relata cómo contemplan el registro que se le hace en concreto a esta trabajadora, tanto a su entrada al puesto de trabajo como a su salida, un “gesto” que podría “concretar” el mobbing, en opinión de fuentes judiciales consultadas.
En ese informe, los delegados sindicales relatan cómo la vigilante de seguridad, más allá de sus funciones de control de entrada y salida, presuntamente obedeciendo órdenes, requiere a la víctima su bolso para examinarlo, anotar el contenido y preguntarle acerca de un ordenador de uso personal. Según la afectada, fue sometida a esos controles a diario, durante semanas.
Ya en ese informe con fecha de 20 de abril de 2011, la Junta de Personal proponía que se activase el protocolo para la prevención y actuación frente al acoso laboral, lo que no ha sucedido aún, ya que la respuesta de Recursos Humanos ha sido que eso depende de la Junta de Gobierno. También que se les entregase toda la información acerca de la vigilante de seguridad, su contrato y capacitaciones conforme a la Ley, y que se diese a la Fiscalía del posible caso de acoso laboral. Igualmente destacaba el riesgo de presión psicosocial.
Las declaraciones de estos tres imputados no significa que no deban declarar más personas como testigos, y que algunos de esos testigos también pasen a ser imputados, según sostiene José Pérez Ventura, abogado de la denunciante, quien ha acusado directamente a Ángela Mena de ser la principal artífice de este mobbing.
Tras ella, declararán también como imputados por un presunto delito de acoso laboral, en posible concurso con tráfico de influencias y prevaricación, la directora general de Participación Ciudadana y Mujer, María del Cristo Díaz Méndez, y el jefe del Servicio de Recursos Humanos, Miguel Ángel García de León. Se espera que haya nuevas imputaciones en los próximos días.
El caso de la funcionaria acosada fue destapado por CANARIAS AHORA tras tener acceso a una sentencia que ganó la víctima por lo contencioso, cuando en 2009 se le pretendió relevar de la plaza que había ganado en concurso para mandarla a una comisión que ni existía ni ella había pedido. El traslado lo firmó el entonces el concejal de Recursos Humanos Ángel Llanos, que fue por ello imputado por posible prevaricación.
Esa sentencia a favor de la denunciante (por la que el Ayuntamiento fue condenado a costas por temeridad), en la que el juez entraba en el fondo del asunto, y que ha dado lugar a la denuncia penal, expresaba que “pocas veces se ve tan clara la expresión de un móvil de trato discriminatorio”, tras analizar paso a paso cómo se habían vaciado poco a poco las funciones de la funcionaria a favor de una interina, Ana Belén Crespo, para quien se creó una plaza a propósito, tan solo un mes después de que la afectada accediera a la suya. Crespo se había encargado de las funciones de la funcionaria hasta que salió la plaza a concurso.
Innova, de fondo
Electra Bermúdez afirmó en el Pleno del Consejo de la Mujer del 18 de octubre de 2006, en su calidad de secretaria del mismo, que consideraba un “gravísimo trastorno para la Concejalía y el Consejo” que la profesional accediera a su plaza, lo que el juez de lo contencioso calificó como móvil discriminatorio. Esa afirmación le ha valido a Maribel Oñate tener que declarar en calidad de testigo, por rubricar el acta.
Fue a partir de 2007 cuando la funcionaria de carrera, que en puridad debería ser la directora del Centro de la Mujer del Ayuntamiento chicharrero, comenzó a sufrir un acoso laboral que, de acuerdo con los testimonios recogidos en el sumario, podría estar ligado a la negativa de la afectada a firmar un informe a favor de Innova, una empresa que podría haberse visto beneficiada por Ángela Mena, mediante sucesivas contrataciones parceladas para eludir los concursos públicos, causa que se instruye en otro juzgado.
El posible acoso laboral saltó una vez que la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tuvo en sus manos la sentencia de lo contencioso a favor de la trabajadora. Pese a intentar hacer valer su contenido, la situación de vacío de funciones de la denunciante se mantiene.
Presión psicológica
Tanto es así que el supuesto acoso ha llegado al extremo de que la intimidad de la funcionaria podría haber sido vulnerado al ser sometida a registros “arbitrarios” de sus pertenencias personales por una vigilante de seguridad sin competencias para ello.
El sumario del caso incluye un informe-propuesta de los delegados de prevención laboral (que también han declarado como testigos), en el que se relata cómo contemplan el registro que se le hace en concreto a esta trabajadora, tanto a su entrada al puesto de trabajo como a su salida, un “gesto” que podría “concretar” el mobbing, en opinión de fuentes judiciales consultadas.
En ese informe, los delegados sindicales relatan cómo la vigilante de seguridad, más allá de sus funciones de control de entrada y salida, presuntamente obedeciendo órdenes, requiere a la víctima su bolso para examinarlo, anotar el contenido y preguntarle acerca de un ordenador de uso personal. Según la afectada, fue sometida a esos controles a diario, durante semanas.
Ya en ese informe con fecha de 20 de abril de 2011, la Junta de Personal proponía que se activase el protocolo para la prevención y actuación frente al acoso laboral, lo que no ha sucedido aún, ya que la respuesta de Recursos Humanos ha sido que eso depende de la Junta de Gobierno. También que se les entregase toda la información acerca de la vigilante de seguridad, su contrato y capacitaciones conforme a la Ley, y que se diese a la Fiscalía del posible caso de acoso laboral. Igualmente destacaba el riesgo de presión psicosocial.
Las declaraciones de estos tres imputados no significa que no deban declarar más personas como testigos, y que algunos de esos testigos también pasen a ser imputados, según sostiene José Pérez Ventura, abogado de la denunciante, quien ha acusado directamente a Ángela Mena de ser la principal artífice de este mobbing.
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