Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

jueves, 8 de marzo de 2012

«El andamio cabeceaba», dice un testigo del accidente en Hacienda

Fuente: lne.es
Fecha: 08/03/2012

El responsable que montó la estructura que mató a
dos operarios defiende que lo hizo «siguiendo órdenes»

«Esos días hizo viento y el andamio cabeceaba». Ésta es una de las afirmaciones realizadas ayer por uno de los testigos del accidente laboral que en octubre de 2003 les costó la vida a dos operarios que trabajaban en la construcción del edificio de la Consejería de Hacienda, situada en la calle Hermanos Pidal, durante la segunda jornada del juicio que se celebró ayer en el Penal número 2.

El testigo, que en el momento del suceso era vecino de la zona, vio todo lo ocurrido desde la ventana de su casa. Según el pormenorizado relato que realizó, dijo que el día del accidente estaba hablando en su domicilio por teléfono cuando «oí un ruido muy fuerte. Levanté la vista y vi caer a la segunda persona. La primera ya estaba en el suelo». El hombre señaló que los servicios de emergencia «llegaron enseguida» y que recuerda que pensó «¡la que se va a montar!», porque «era el día de la entrega de los premios Príncipe de Asturias».

El testigo explicó que una de las cosas que le llamó la atención fue que «había un trozo de andamio encima de un coche». Este vecino, a preguntas tanto de la fiscalía como del abogado defensor de los tres acusados de la empresa que montó el andamio y del juez, describió cómo los trabajadores accedían a través de la ventana del cuarto piso del edificio al andamio «mediante unos tablones», en ocasiones cargando materiales a mano, y en otras portándolos «en una carretilla». De la misma forma aseguró que a los fallecidos «siempre los vi con cinturones de seguridad», pero añadió que «si se cayeron es que no estaban enganchados» a las argollas de seguridad. De vuelta al momento del accidente insistió en que los operarios no se precipitaron al mismo tiempo al vacío: «Uno cayó un segundo antes que el otro».

En la jornada de ayer también testificó el oficial responsable del montaje del andamio. En la fase previa de la investigación fue imputado por la fiscalía, pero más tarde renunció a acusarlo «al entender que no ha quedado acreditado que interviniera en la modificación posterior del andamio». El problema se centra en que supuestamente la empresa añadió un cuerpo más al andamio, contraviniendo las especificaciones indicadas por el fabricante, lo que provocó su derrumbe al acabar con la simetría de la estructura.

El operario, que sigue trabajando para la empresa que montó la estructura, respondió lacónicamente a las preguntas del abogado de la compañía. Aseguró que había montado el andamio junto a uno de los acusados. Esta versión contrasta con la del acusado. Éste aseguró la primera jornada del juicio que los dueños de la empresa quisieron obligarle a declarar que él había montado el andamio «cuando no tuve nada que ver». También desveló que sus jefes obligaron a otros compañeros a «hacer desaparecer» el tramo de andamio que supuestamente provocó el accidente mortal de Antonio Álvarez Álvarez y Braulio Muñoz Díaz.

El oficial negó que el andamio estuviera mal montado y que todos los trabajos que se realizaron para el montaje del andamio «se documentaron en un albarán». Además añadió que en más de treinta años de experiencia que tiene la empresa en la colocación de este tipo de estructuras «nunca cayó ninguna». La fiscal delegada de siniestralidad laboral, Esperanza González Avella, puso de relieve que en una de sus primeras declaraciones, el oficial aseguró que el andamio «sobresalía», lo que demostraría que se colocó el suplemento de la polémica.

En la jornada de ayer también testificaron dos de los policías locales que iniciaron las investigaciones tras el accidente. Los agentes confirmaron que tras realizar una inspección ocular en el lugar de los hechos no encontraron los cascos que supuestamente los dos obreros deberían haber llevado puestos.

El juicio proseguirá mañana con el testimonio de varios peritos presentados por la fiscalía y la defensa. Luego tanto la fiscal como las defensas deberán presentar sus conclusiones e informes finales. Lo que está por ver es lo que ocurrirá con uno de los testigos llamados a declarar y que ayer no compareció. Para la fiscalía su aportación para el esclarecimiento del caso es muy importante ya que en el momento del accidente estaba pasando material a los fallecidos. El juez ordenó su citación. De no comparecer el juicio podría suspenderse.

En la causa están imputadas nueve personas. Seis de ellas llegaron a un acuerdo con la fiscalía para reducir las penas de prisión a las que se enfrentaban: tres años. A cambio reconocieron los hechos. Los otros tres acusados, vinculados a la empresa responsable del andamio, rechazaron el acuerdo. Cada uno de ellos se enfrentan a una condena de tres años de prisión.

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