Fecha: 14/03/2012
- El fiscal retiró los cargos en la última sesión del juicio, en febrero
- Los peritos destacaron que las medidas de seguridad eran correctas
- Los sindicatos mantuvieron las acusaciones y recurrirán la sentencia
El Juzgado de lo Penal número 1 de Motril ha absuelto de todos los cargos a los 11 imputados por el accidente mortal durante la construcción de la A-7, que en noviembre de 2005 costó la vida a seis obreros mientras construían un viaducto a la altura de Almuñécar, en Granada.
Ha resultado decisivo que en la última sesión del juicio el fiscal, ante los testimonios de los peritos, decidiese retirar los cargos. Las acusaciones populares, CCOO y UGT, sí mantuvieron sus peticiones de cárcel y es previsible que recurran la sentencia.
Diez de los once acusados, entre ellos el ingeniero director del proyecto o el coordinador de seguridad de la obra, se enfrentaban a una condena por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes, por los que, además de la pena de prisión, se les pedía a inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones si están relacionadas con la construcción.
El juicio arrancó el pasado 1 de febrero y se prolongó hasta el día 29 del mismo mes, a dos sesiones por semana debido a la saturación de los juzgados motrileños. En la primera sesión, los acusados ya pasaron de 12 a 11 después de que el juez Sergio Romero aceptase la petición de sacar de los imputados a Francisco Martín Enciso, Jefe de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental en el momento de los hechos, al considerar nulas las acusaciones contra él, que sólo sostenía el abogado de CCOO.
Todos los acusados declararon ante el juez que el accidente era "imprevisible" y que se habían tomado las debidas precauciones respecto a la cimbra, la maquinaria de estructura metálica que utilizaban los albañiles y encofradores para trabajar a la altura del viaducto en construcción.
Igualmente uno de los heridos en el accidente, que además era el electricista encargado de reparar dicha maquinaria, insistió al declarar como testigo que se encontraba "bien revisada". Eso sí, no acudieron a testificar algunos de los obreros portugueses también heridos, que no han respondido a la citación y sobre los que ha llegado a pesar una orden de búsqueda de la Interpol.
Con todos, los testimonios decisivos han sido los de los expertos, tanto peritos judiciales como los llamados por las diferentes partes, incluidos los guardias civiles que levantaron el atestado del accidente. Incluso los técnicos de prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía apuntaron que las medidas de seguridad en la obra eran las correctas durante sus declaraciones.
Tan sólo los expertos del Instituto Torroja Ciencias de la Construcción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada (UGR), apuntaron que no se pudo comprobar que se hubieran apretado los tornillos de la cimbra, por lo que pudo producirse un fallo en las uniones, aunque aseguraron la estructura era "fiable" y la adecuada para sostener el viaducto de la autovía que se construía.
Ha resultado decisivo que en la última sesión del juicio el fiscal, ante los testimonios de los peritos, decidiese retirar los cargos. Las acusaciones populares, CCOO y UGT, sí mantuvieron sus peticiones de cárcel y es previsible que recurran la sentencia.
Diez de los once acusados, entre ellos el ingeniero director del proyecto o el coordinador de seguridad de la obra, se enfrentaban a una condena por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes, por los que, además de la pena de prisión, se les pedía a inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones si están relacionadas con la construcción.
El juicio arrancó el pasado 1 de febrero y se prolongó hasta el día 29 del mismo mes, a dos sesiones por semana debido a la saturación de los juzgados motrileños. En la primera sesión, los acusados ya pasaron de 12 a 11 después de que el juez Sergio Romero aceptase la petición de sacar de los imputados a Francisco Martín Enciso, Jefe de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental en el momento de los hechos, al considerar nulas las acusaciones contra él, que sólo sostenía el abogado de CCOO.
Todos los acusados declararon ante el juez que el accidente era "imprevisible" y que se habían tomado las debidas precauciones respecto a la cimbra, la maquinaria de estructura metálica que utilizaban los albañiles y encofradores para trabajar a la altura del viaducto en construcción.
Igualmente uno de los heridos en el accidente, que además era el electricista encargado de reparar dicha maquinaria, insistió al declarar como testigo que se encontraba "bien revisada". Eso sí, no acudieron a testificar algunos de los obreros portugueses también heridos, que no han respondido a la citación y sobre los que ha llegado a pesar una orden de búsqueda de la Interpol.
Con todos, los testimonios decisivos han sido los de los expertos, tanto peritos judiciales como los llamados por las diferentes partes, incluidos los guardias civiles que levantaron el atestado del accidente. Incluso los técnicos de prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía apuntaron que las medidas de seguridad en la obra eran las correctas durante sus declaraciones.
Tan sólo los expertos del Instituto Torroja Ciencias de la Construcción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada (UGR), apuntaron que no se pudo comprobar que se hubieran apretado los tornillos de la cimbra, por lo que pudo producirse un fallo en las uniones, aunque aseguraron la estructura era "fiable" y la adecuada para sostener el viaducto de la autovía que se construía.
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