Fecha: 01/06/2011
La dirección de Mutua Universal en Logroño eximió ayer con rotundidad al Gobierno riojano de «cualquier responsabilidad o lucro como institución o de cualquiera de sus miembros» en la investigación por presunto fraude a la Seguridad Social (SS) que lleva a cabo un juzgado barcelonés y que implica a la firma de prevención y 29 entidades públicas y privadas, así como a 1.170 empresas. En este sentido, Diario Público informó ayer de que, según el informe pericial encargado por el juzgado, el Ejecutivo regional se habría ahorrado 1,28 millones de euros en descuentos ilegales en las cuotas a la SS de los trabajadores entre 1998 y el 2007 dentro de un hipotético fraude en todo el país que alcanzaría los 253 millones.
El director de Mutua Universal en La Rioja recordó ayer a este diario que «trabajamos con la Comunidad Autónoma desde 1992, con entonces un Gobierno del PSOE y, si algo ha hecho el Ejecutivo, al igual que las empresas privadas o públicas con las que trabajamos, es sacar lo máximo posible para sus trabajadores». La Mutua Universal presta, a cambio de un contrato de unos dos millones de euros anuales, servicios de cobertura por enfermedades profesionales o accidentes laborales para unos 8.000 empleados de la Comunidad Autónoma y, según el informe pericial que cita Público, la entidad de previsión habría pagado facturas de clientes y habría cedido personal cuyo coste asumía.
En el caso riojano, el mismo informe cita expresamente la reforma de un centro sanitario, la contratación de un ATS (16.300 euros) y la posibilidad de contratar un técnico a tiempo parcial que haría dedicación real pagando la diferencia la mutua (13.800 euros al año). El director regional de Mutua Universal únicamente reconoce que «sí ha podido haber sobreprestaciones, al igual que con otros clientes, como hacemos todas las entidades de este sector, ya que si no las ofreces estás fuera del mercado».
Así, el directivo de la compañía admite que «pudimos ceder personal en centros de la Comunidad Autónoma para colaborar en ciertos servicios de prevención y también adelantar pagos por exploraciones y atenciones de trabajadores de baja que estaban en listas de espera o pendientes de operaciones quirúrgicas con el fin de que, y siempre con el beneplácito del empleado, se incorporasen antes a su centro de trabajo». Mutua Universal entiende que esta práctica «es habitual y nos sentimos chivos expiatorios de un intento para regular este sector cuando el Ministerio es plenamente consciente de la situación». «Por qué Diario Público -se pregunta- no ha difundido que, además del Gobierno de La Rioja, también es cliente nuestro el Ayuntamiento de Barcelona».
Sin constancia gubernativa
Por su parte, el consejero de Administraciones Públicas del Gobierno riojano, Conrado Escobar, explica que el contrato con Mutua Universal se firmó en 1992 y se actualizó en el año 2000: «Desconozco el expediente de la Fiscalía, supongo que será de Anticorrupción, pero lo que puedo asegurar es que ningún juzgado o institución se ha dirigido a nosotros para pedirnos alegación o explicación ni administrativa ni judicial». «Mutua Universal ha trabajado bien aquí y no tenemos constancia de las irregularidades que se le achacan», agrega.
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