"ELA" critica el "sistema ilegal" de la Tarjeta Profesional de la Construcción y exige "que se desmonte".

Fuente: 20minutos.es (15/12/2010)

ELA (Euskal Sindikatua) ha criticado el "sistema corrupto e ilegal" de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) y ha exigido que "se desmonte", después de que el Tribunal Supremo haya anulado la obligatoriedad de esta tarjeta para poder trabajar en el sector.
El sindicato ha mostrado su "satisfacción" por la decisión del Tribunal Supremo, después de que el sindicato recurriera judicialmente el IV Convenio Colectivo General de Construcción de ámbito estatal, solicitando, entre otros puntos, la nulidad de la obligatoriedad de la TPC.
ELA ha criticado que la tramitación de la tarjeta, realizada por la Fundación Laboral de la Construcción, ha recibido financiación del Gobierno de España. Según ELA, esta fundación es "privada bipartita", de la que forman parte la patronal del sector de la construcción y los sindicatos CCOO y UGT.
"El Gobierno rspañol ha financiado la FLC con 47,8 millones de euros en 2008, 45,8 en 2009 y 41,4 millones el 2010. Estas cantidades se han concedido para la tramitación de la TPC. En el caso de Navarra, del presupuesto de 2,1 millones de la FLC de Navarra, 1,8 millones provienen de subvenciones del Gobierno de Navarra y del Estado (datos de 2007)", ha asegurado.
Con el establecimiento de la obligatoriedad de la TPC a partir del 31 de diciembre de 2011, los integrantes de la fundación, según ELA, "han pretendido convertir la tarjeta en fuente de financiación de la patronal, CCOO y UGT".
ELA ha destacado que el Tribunal Supremo "anula la obligatoriedad de la TPC para poder trabajar en el sector de la construcción, ya que supone una clara vulneración del derecho al trabajo". "La tarjeta sólo es una forma de acreditación de la formación que está a disposición del trabajador, pero no la única forma de acreditación", ha indicado el sindicato.
Además, el Tribual Supremo ha concluido que el Convenio Colectivo General de Construcción de ámbito estatal ha vulnerado el art. 84.3 del Estatuto de los Trabajadores al excluir la posibilidad de negociar la materia de la seguridad y salud laboral en los convenios provinciales, una cuestión recurrida por ELA.
"sistema corrupto"
Por otro lado, ELA ha exigido que "se desmonte este sistema corrupto e ilegal, y que se deje de derivar dinero público a una fundación que sólo sirve para financiar a sus miembros y para blindar la pretendida posición de monopolio sindical de CCOO y UGT en el sector de la construcción".
Asimismo, ha solicitado que "se asuman las responsabilidades políticas y sindicales necesarias por parte de las Administraciones, patronal y sindicatos que han creado y fomentado este sistema ilegal".
Finalmente, ha exigido que el Instituto Navarro de Salud Laboral "deje de estar plegado al modelo estatal y desarrolle un sistema formativo propio en materia de prevención de riesgos laborales, tanto en el sector de la construcción, como para el conjunto de los trabajadores".