La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a falsificar diplomas y certificados oficiales que eran emitidos por el Sindicato Independiente de Trabajadores con sede en Cádiz y validados por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias a cambio de dinero.
En la denominada 'operación Catis', desarrollada en Cádiz, Badajoz y Canarias, han sido detenidas diez personas e imputadas otras dos como presuntos autores de un delito de falsedad documental y estafa.
Entre los imputados hay dos altos cargos del PP de Canarias: María Rosa de Haro, ex directora de la Escuela de Servicios que validaba los cursos y que fuera candidata del PP al Parlamento canario, y la que fue su sucesora en el cargo, Inmaculada Acosta, concejal del PP en Telde, puesto al que renunció por incompatibilidad en su función en la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales. Además, ha sido detenida la ex secretaria general del organismo canario, Carmen Nieves Cáceres.
La Guardia Civil pudo comprobar que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (SITCA), previo pago de 80 euros y una fotocopia del DNI, proporcionaba diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales, sin recibir formación alguna. Estas titulaciones eran más tarde presentadas por los alumnos en los distintos concursos y oposiciones para acceder a puestos de trabajo o bolsas de contratación que exigían dichas titulaciones oficiales.
Bajo la tapadera del sindicato, ya que sus miembros no realizaban actividad sindical alguna y carecían de instalaciones y medios para ejercer tal función, la organización falsificaba diplomas y certificados anunciándose incluso a través de internet, para ofrecer diversos cursos organizados por instituciones y organismos oficiales o el propio Sindicato Independientes de Trabajadores de Cádiz.
Los agentes encargados de la investigación determinaron que la actividad que realizan los miembros del sindicato tenía como única finalidad el lucro económico, procedente del pago que hacían los alumnos por los cursos, llegando a ingresar a través de su cuenta corriente un total de 1.460.533 euros entre los años 2007 y 2009, a lo que habría que añadir el dinero que se cobraba en efectivo en las propias oficinas.
En la denominada 'operación Catis', desarrollada en Cádiz, Badajoz y Canarias, han sido detenidas diez personas e imputadas otras dos como presuntos autores de un delito de falsedad documental y estafa.
Entre los imputados hay dos altos cargos del PP de Canarias: María Rosa de Haro, ex directora de la Escuela de Servicios que validaba los cursos y que fuera candidata del PP al Parlamento canario, y la que fue su sucesora en el cargo, Inmaculada Acosta, concejal del PP en Telde, puesto al que renunció por incompatibilidad en su función en la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales. Además, ha sido detenida la ex secretaria general del organismo canario, Carmen Nieves Cáceres.
Cursos vacíos y sin evaluación
La red destapada emitía títulos, que posteriormente eran homologados en Canarias, sin haber impartido el curso previamente y sin la evaluación pertinente. Las investigaciones comenzaron hace un año, a raíz de la denuncia de un afectado que habría adquirido uno de estas titulaciones a cambio de dinero en la sede de un sindicato en la calle Brasil de la capital gaditana.La Guardia Civil pudo comprobar que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (SITCA), previo pago de 80 euros y una fotocopia del DNI, proporcionaba diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales, sin recibir formación alguna. Estas titulaciones eran más tarde presentadas por los alumnos en los distintos concursos y oposiciones para acceder a puestos de trabajo o bolsas de contratación que exigían dichas titulaciones oficiales.
Titulaciones sanitarias
Entre otros, se podían adquirir certificados y diplomas del curso básico de Riesgos Laborales, además de títulos de transporte sanitario o de manejo de aparatos médicos.Bajo la tapadera del sindicato, ya que sus miembros no realizaban actividad sindical alguna y carecían de instalaciones y medios para ejercer tal función, la organización falsificaba diplomas y certificados anunciándose incluso a través de internet, para ofrecer diversos cursos organizados por instituciones y organismos oficiales o el propio Sindicato Independientes de Trabajadores de Cádiz.
Los agentes encargados de la investigación determinaron que la actividad que realizan los miembros del sindicato tenía como única finalidad el lucro económico, procedente del pago que hacían los alumnos por los cursos, llegando a ingresar a través de su cuenta corriente un total de 1.460.533 euros entre los años 2007 y 2009, a lo que habría que añadir el dinero que se cobraba en efectivo en las propias oficinas.
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