Fecha: 06/06/2012
Se han dado importantes pasos para mejorar la seguridad en las explotaciones agrarias, pero no se debe bajar la guardia.
Los accidentes de trabajo en el sector agrario son un problema que, como todos, requiere un adecuado diagnóstico y una buena solución. Para el diagnóstico se acude a los datos oficiales que publica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según esta información y con datos todavía provisionales, en 2011 el 5,8 por ciento de los accidentes laborales se produjeron en el sector agrario en España. Según estas mismas fuentes, en la última década los accidentes agrarios a nivel nacional se han reducido un 32 por ciento, hasta llegar a los 26.514 en 2010. Más significativa aun es la caída de accidentes mortales, casi hasta la mitad, pasando de 95 en el año 2000 a 50 en 2010. El valor real de estos datos se valora mejor si se compara con la reducción de población activa agraria en este mismo periodo, que ha bajado en menor proporción, un 21,7 por ciento. Los motivos fundamentales de la mejora de la seguridad laboral en el sector agrario son dos: el alto desarrollo tecnológico de la maquinaria, en particular en aspectos relacionados con la seguridad del operario, y la mejor formación de los trabajadores del campo en las diferentes labores de la explotación, no solo el manejo de la maquinaria. No hay que olvidar que no solo son accidentes en maquinaria automotriz o arrastrada, aunque muchas veces estos sean los más conocidos. Hay otros que provocan enfermedades parasitarias, infecciosas, de la piel, respiratorias, etc.
Pero tampoco hay que dejarse llevar por un excesivo optimismo, entre otros motivos porque los accidentes laborales que se contabilizan en el agro son aquellos que generan un parte de accidente laboral, sin considerar los de agricultores y ganaderos por cuenta propia, de jubilados o los afectan a familiares que ayudan en la explotación, algo muy habitual. Es decir, el número de accidentes es mayor de lo que reflejan las estadísticas.
En definitiva, se han dado importantes pasos para mejorar la seguridad laboral en las explotaciones agrarias, pero no se debe bajar la guardia, sobre todo en un país donde la orografía es muy diversa y en muchos lugares traicionera. Hay otros asuntos del campo que nos permiten mantener este prudente optimismo. La exportación de alimentos supera por primera vez a la de automóviles, en el primer trimestre del año. Es una más de las consecuencias de la crisis. Entre enero y marzo, las exportaciones de coches, motos y componentes, cayeron más del 11 por ciento respecto al mismo periodo de 2.011, hasta los 7.963 millones de euros. Mientras tanto, los alimentos subieron un 8,8 por ciento, hasta los 8.501 millones. Estos datos, aportados por la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebidas, ponen también de manifiesto que, de mantenerse la tendencia actual, España podría superar a la mítica Italia en exportaciones de productos elaborados o envasados en un plazo de cinco años. Por otro lado, la organización Cooperativas Agroalimentarias también ha ayudado a relativizar un dato no menos importante. Han estimado que el rescate del sistema financiero español costará cinco veces que toda la ayuda a los agricultores y ganaderos españoles durante diez años. Esto nos lleva a platearnos la dimensión real del sector y de las tan vilipendiadas ayudas públicas que recibe. Para empezar, se trata del único que en plena crisis presenta una balanza comercial positiva y continúa creando empleo. En este contexto, los 70 mil millones de euros que ha recibido España de la Política Agraria Común en la última década, no parece excesivo, sobre todo si se consideran tres factores. El papel estratégico del sector agroalimentario y su positiva evolución, que las ayudas no son excluyentes, es decir, nadie se queda sin recibir una ayuda si cumple los requisitos establecidos. Pero la más importante es la tercera, que solo es entender que no son ayudas para un sector ineficiente o mal gestionado, como ha pasado en las Cajas españolas. Por el contrario, son compensaciones económicas para minorar el diferencial de costes sociales, medioambientales y de bienestar animal, que se exige a nuestro sector frente a agricultores y ganaderos de fuera de la Unión Europea
Los accidentes de trabajo en el sector agrario son un problema que, como todos, requiere un adecuado diagnóstico y una buena solución. Para el diagnóstico se acude a los datos oficiales que publica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según esta información y con datos todavía provisionales, en 2011 el 5,8 por ciento de los accidentes laborales se produjeron en el sector agrario en España. Según estas mismas fuentes, en la última década los accidentes agrarios a nivel nacional se han reducido un 32 por ciento, hasta llegar a los 26.514 en 2010. Más significativa aun es la caída de accidentes mortales, casi hasta la mitad, pasando de 95 en el año 2000 a 50 en 2010. El valor real de estos datos se valora mejor si se compara con la reducción de población activa agraria en este mismo periodo, que ha bajado en menor proporción, un 21,7 por ciento. Los motivos fundamentales de la mejora de la seguridad laboral en el sector agrario son dos: el alto desarrollo tecnológico de la maquinaria, en particular en aspectos relacionados con la seguridad del operario, y la mejor formación de los trabajadores del campo en las diferentes labores de la explotación, no solo el manejo de la maquinaria. No hay que olvidar que no solo son accidentes en maquinaria automotriz o arrastrada, aunque muchas veces estos sean los más conocidos. Hay otros que provocan enfermedades parasitarias, infecciosas, de la piel, respiratorias, etc.
Pero tampoco hay que dejarse llevar por un excesivo optimismo, entre otros motivos porque los accidentes laborales que se contabilizan en el agro son aquellos que generan un parte de accidente laboral, sin considerar los de agricultores y ganaderos por cuenta propia, de jubilados o los afectan a familiares que ayudan en la explotación, algo muy habitual. Es decir, el número de accidentes es mayor de lo que reflejan las estadísticas.
En definitiva, se han dado importantes pasos para mejorar la seguridad laboral en las explotaciones agrarias, pero no se debe bajar la guardia, sobre todo en un país donde la orografía es muy diversa y en muchos lugares traicionera. Hay otros asuntos del campo que nos permiten mantener este prudente optimismo. La exportación de alimentos supera por primera vez a la de automóviles, en el primer trimestre del año. Es una más de las consecuencias de la crisis. Entre enero y marzo, las exportaciones de coches, motos y componentes, cayeron más del 11 por ciento respecto al mismo periodo de 2.011, hasta los 7.963 millones de euros. Mientras tanto, los alimentos subieron un 8,8 por ciento, hasta los 8.501 millones. Estos datos, aportados por la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebidas, ponen también de manifiesto que, de mantenerse la tendencia actual, España podría superar a la mítica Italia en exportaciones de productos elaborados o envasados en un plazo de cinco años. Por otro lado, la organización Cooperativas Agroalimentarias también ha ayudado a relativizar un dato no menos importante. Han estimado que el rescate del sistema financiero español costará cinco veces que toda la ayuda a los agricultores y ganaderos españoles durante diez años. Esto nos lleva a platearnos la dimensión real del sector y de las tan vilipendiadas ayudas públicas que recibe. Para empezar, se trata del único que en plena crisis presenta una balanza comercial positiva y continúa creando empleo. En este contexto, los 70 mil millones de euros que ha recibido España de la Política Agraria Común en la última década, no parece excesivo, sobre todo si se consideran tres factores. El papel estratégico del sector agroalimentario y su positiva evolución, que las ayudas no son excluyentes, es decir, nadie se queda sin recibir una ayuda si cumple los requisitos establecidos. Pero la más importante es la tercera, que solo es entender que no son ayudas para un sector ineficiente o mal gestionado, como ha pasado en las Cajas españolas. Por el contrario, son compensaciones económicas para minorar el diferencial de costes sociales, medioambientales y de bienestar animal, que se exige a nuestro sector frente a agricultores y ganaderos de fuera de la Unión Europea
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